Casa Grande del Pueblo y Asamblea Legislativa obviaron normativas municipales de patrimonio

Con la promulgación de la Ley nacional 313, que autoriza la construcción de La Casa Grande del Pueblo y el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se obviaron las normativas municipales de patrimonio y de construcción del gobierno municipal de La Paz. Funcionarios afirman que dichas estructuras traerán algunas desventajas.

El artículo 1 de la Ley 313 del 7 de diciembre de 2012 establece "de prioridad nacional” la construcción de esas dos grandes edificaciones. Eso significa que no se iba a pedir permiso de construcción al Gobierno Autónomo Municipal del La Paz (GAMLP), mucho menos autorización para demoler bienes patrimoniales.

Si una persona pretende hacer una construcción en su propiedad, tiene que pedir permiso a la Alcaldía. El director de Administración Territorial y Catastral de la Alcaldía paceña, Álvaro Viaña, explicó que para obtener el permiso se debe presentar el registro catastral actualizado del predio, un estudio geológico geotécnico realizado por un ingeniero, los planos arquitectónicos de la edificación, el folio de los derechos reales y la cédula de identidad del propietario.

A los que no tengan permiso se les aplica la ordenanza 76/2004 con multas o demolición para que respeten los parámetros urbanos. "El Gobierno ha derogado para estos edificios algunos artículos de la ley de municipalidades y de patrimonio por los que pudo ejercer algún tipo de control”, indicó Viaña.

El único acercamiento que tuvo el GAMLP con el Gobierno fueron las reuniones de coordinación para la construcción del edificio de la Asamblea. Nunca se tuvo comunicación para la Casa Grande del Pueblo.

La directora del Patrimonio Cultural del GAMLP, Jimena Pacheco Mercado, recordó que para las nuevas construcciones se han demolido bienes patrimoniales como La Casa Alencastre y dos estructuras más. "Las nuevas construcciones no se hallan de acuerdo con la Ley Municipal de Usos de Suelos Urbanos, tampoco con los conjuntos patrimoniales de la ciudad”, recalcó.

La ley municipal de Usos de Suelos Urbanos establece mecanismos para regular la administración territorial del municipio paceño y determinar las condiciones para los trámites que se hacen sobre el uso de suelos.

Según Pacheco, estas edificaciones no coinciden con el perfil arquitectónico ni patrimonial del centro urbano, por lo que pueden afectar las construcciones colindantes. "Además, los nuevos edificios que serán oficinas causarán mayor afluencia de personas de día y estarán vacías en la noche”, aseguró.

Las autoridades dijeron que los paceños hacen lo posible para respetar las normas municipales, pero el Gobierno no. "Es un tema de igualdad de condiciones para todos”, dijo Pacheco.