Gobierno rechaza propuesta de reemplazar el segundo aguinaldo por bono patriótico

El Gobierno rechazó la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de cambiar el segundo aguinaldo por un “bono patriótico”, ya que en 1972, durante la dictadura de Hugo Banzer, hubo un bono con el mismo nombre sugerido, informó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.

“Recordemos que ese bono denominado 'Bono Patriótico' fue instaurado por el gobierno dictatorial de Hugo Banzer en 1973 como una medida de compensación por la devaluación de finales de 1972 que había atentado contra los derechos y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”, explicó.

En el ampliado del ente matriz de los trabajadores del martes, se determinó aceptar el no pago por este año del segundo aguinaldo y se propuso que el beneficio anual se cancele bajo el denominativo de “bono patriótico”, que implicará una nueva base de cálculo.

“El segundo aguinaldo es un beneficio laboral que se sustenta en el crecimiento económico, lo que otorgó Banzer en los años 70 se sustentaba en el endeudamiento público de Estado, además, era una forma de resarcir a los trabajadores lo que habían perdido en las devaluaciones”, complementó Rada.

Según la COB, la propuesta será planteada en el pliego petitorio del siguiente año y el cálculo del bono será resultado del promedio salarial. Su cancelación sería en agosto con el fin de evitar problemas a las empresas.

La caída en el crecimiento de los sectores de hidrocarburos y minería, además de un menor desempeño de la agropecuaria por efectos de la sequía, fueron los factores que desahuciaron el pago del segundo aguinaldo este año. La expansión de la economía no superó el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB), requisito para que se consolide ese beneficio.

El beneficio fue promulgado el 20 de noviembre de 2013. El artículo 1 del Decreto Supremo 1802 establece que el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” para el sector público y privado será otorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento anual del PIB supere el 4,5%.