Nuevo director del TAM está imputado por delitos de peculado e incumplimiento de deberes

El general Julio César Villarroel fue posesionado ayer, en La Paz, como gerente general de la nueva Empresa Pública de Transporte Aéreo Militar (TAM). Villarroel, elegido de una terna por el presidente Evo Morales, está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, peculado culposo y enriquecimiento ilícito en un proceso por la compra irregular de repuestos para el TAM junto con el comandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Durán.

El proceso que incluye al nuevo gerente de TAM Pública, Julio César Villarroel, se origina en la supuesta compra irregular de repuestos para los aviones Bae 200 y Bae 100 para TAM cuando él era su director general, en 2015. Este proceso fue atendido y retardado por el exfiscal Anghelo Saravia, ahora con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por los presuntos delitos de consorcio de jueces y abogados, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. El Caso signado bajo el número LPZ 1406658 se encuentra ahora en manos del fiscal Daniel Ayala y se activará pasada la vacación judicial.

El viceministro de Defensa, Luis Fernando Aramayo, fue el encargado de posesionar ayer a Villarroel, en cumplimiento al decreto supremo 3025 del pasado 14 de diciembre que dispone un plazo de 45 días para que el TAM se adecué a la norma técnica, regulatoria y otras disposiciones nacionales e internacionales de aeronáutica civil.

Aramayo destacó el servicio de TAM a regiones que no son atendidas por otras aerolíneas y anunció un incremento en los pasajes, aunque dijo que “vamos a tratar de no afectar a la población boliviana, si va a ser algo va a ser mínimo, pero el TAM va a seguir teniendo un trato especial para los bolivianos”.

Por su parte, Villarroel señaló que hasta enero de 2017 se espera cumplir con los requisitos exigidos por ley e iniciar en febrero las operaciones como Empresa Pública Transporte Aéreo Militar.

Cabe recordar que fue en 2014 que el coronel Marco Benavidez planteó una querella penal en contra de Villarroel, de Jaime Flores (director financiero del TAM en 2007), Emeterio Díaz Jachu (jefe de Auditoría) y Elizabeth Lema por los delitos ya señalados líneas arriba.

De fiscal en fiscal

En 2007, Benavidez, quien fungía como responsable de adquisiciones del departamento VI de la FAB, fue sindicado por las presuntas irregularidades; pero una auditoría interna reveló un posible daño económico y que la responsabilidad recaería sobre otras personas.

Se conoció que estarían involucrados el excomandante de la FAB, Gonzalo Durán, y el ahora embajador en Venezuela, general Luis Trigo, quien emitió la instrucción para que se desembolsen 522.920 bolivianos a favor de Villarroel y de Benavidez.

Hay constancia de un cheque firmado el 13 de diciembre de 2007 por Durán, a favor de José Ramiro Callapa Cano por más de medio millón de bolivianos.

En base al resultado de la auditoría, Benavidez planteó una querella que a la fecha pasó por las manos de varios fiscales.

En junio de 2014, el caso estaba en manos de Rosario Durán, fiscal de materia de la División Anticorrupción de la Fiscalía de La Paz, quien citó a Villarroel en calidad de imputado. Durán no continúo y presentó su renuncia al Ministerio Público de La Paz. El caso no habría avanzado por presunto encubrimiento.

Asumió el caso el ahora detenido, Anghelo Saravia, quien actuó también con dilación y, más aún, planteó el “rechazo del caso del imputado Villarroel Camacho” ante el juez 9º de Instrucción en lo Penal, argumentando falta de motivos para continuar.

La parte querellante impugnó la decisión y el juez pidió a Saravia que corrija su rechazo, pero esto no procedió debido a la investigación a la que fue sometido.

Ahora, el caso fue radicar en manos del fiscal Daniel Ayala, quien a la fecha no emitió ningún pronunciamiento porque supuestamente no revisó aún el caso, que se reactivaría desde el 4 de enero de 2017, una vez que concluya la vacación judicial.