La Bancada de Convergencia Nacional informó este miércoles que la denuncia sobre supuestos nexos de policías y cárteles de narcotraficantes, que pidió investigar el Gobierno a la Fiscalía, fue presentada el 7 abril del 2011 por el senador Roger Pinto.
En aquella oportunidad incluso se facilitó documentación al presidente Evo Morales. Por ello se exige que tres ex ministros de Estado que conocían la información y no la remitieron al Ministerio Público sean incluidos en las investigaciones.
La principal fuerza opositora en la Asamblea Legislativa, en conferencia de prensa, solicitó al presidente Evo Morales que "pida perdón" por ocultar esta información y que su Gobierno suspenda todos los procesos penales contra el senador Roger Pinto, refugiado en la Embajada del Brasil con sede en La Paz, desde el 28 de mayo.
"Si el Gobierno tiene la intención de aclarar esta terrible denuncia que implica a varios efectivos policiales y funcionarios de Gobierno, debería incluirse en las investigaciones al ex ministro de la presidencia Oscar Coca, el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el entonces viceministro de coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, para que digan porqué ocultaron esa información que recién es presentada a la fiscalía, pese a que fue conocida hace un año atrás", dijo el diputado Luis Felipe Dorado.
Por su parte, el diputado de Convergencia Adrian Oliva sostuvo que "el presidente Evo Morales guardó la documentación que estaba en sus manos y que debería ser remitida a las instancias correspondientes para la investigación, sin embargo contradictoriamente en esos 18 meses autoridades del Gobierno se dedicaron a desprestigiar al senador Pinto, "quien denunció el ilícito en su momento y no se hizo nada".
El 8 de junio, el ministro Juan Ramón Quintana, en una entrevista con el programa Que No Me Pierda, de la red Uno, negó la presencia de cárteles en el país, en respuesta a las declaraciones de la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien advirtió la presencia de grupos colombianos en el territorio boliviano.
La canciller Holguín hizo la declaración en el marco de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada el 5 de junio pasado en Cochabamba. El 8 de junio, Quintana manifestó que su colega colombiana era una vocera de la DEA (Agencia Antidroga de Estados Unidos, en sus siglas en inglés) por la declaración que hizo.
El 7 de abril de 2011, mediante una carta del senador Pinto al Presidente Evo Morales, CITE:B.CON.NAL.D.E.16/2011, se solicitó que el Jefe de Estado inicie una investigación contra el ex Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para determinar su grado de responsabilidad en el accionar del General Sanabria detenido en EEUU por tráfico de droga, así como de otros funcionarios.
En la oportunidad se remitió información en sobre cerrado de toda la documentación que había llegado al Senado respecto a los vínculos del narcotráfico que operaban en el país. El 3 de mayo de 2011, el ministro de la presidencia de ese entonces Oscar Coca, en una carta MPR-DESP.CITE N°392/2011, pidió a los senadores de oposición presentar su denuncia a las autoridades competentes y no al presidente Evo Morales.
El 5 de septiembre de 2011 la Bancada de CN nuevamente en una carta al presidente Morales CITE: B. CONV. NAL.D.E. N°34/2011 recordó que en base a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz la "máxima autoridad ejecutiva de la entidad deberá constituirse en querellante de los delitos de corrupción, debiendo promover las acciones legales correspondientes.
El 8 de septiembre de 2011 en una carta del entonces Viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez CITE:MPR VCGG CE N° 527/2011, recuerda a la bancada de oposición que debe presentar su denuncia a las autoridades competentes. El 29 de mayo del 2012 en una carta del ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, al Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Cnl. José Gonzalo Quezada Camacho MPR VCGG-DV-CE-N°305/2012, se puso en conocimiento la documentación adjunta producto de una denuncia pública efectuada por el Senador Pinto, con la finalidad de establecer si la autoridad tenía conocimiento de la documentación de referencia, si cursa en archivos de su institución la documentación original o en su defecto si fue elaborada por su despacho.
El 30 de mayo, el Ministerio de la Presidencia presentó a la Fiscalía de La Paz, documentos supuestamente de inteligencia para que investigue la presunta actividad de cárteles colombianos y mexicanos que tendrían vínculos con personas particulares y policías de Santa Cruz.
La denuncia implicaría a seis personas. Recientemente el Ministerio Público confirmó que son entre 15 y 20 las personas en Bolivia que presuntamente están vinculadas con cárteles de narcotráfico de Brasil, Colombia y México, entre quienes se encuentran desde tenientes hasta coroneles de la Policía y también civiles.
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