El Fiscal General del Estado, Mario Uribe, y su colega asignado al caso abierto en La Paz sobre los hechos en Chaparina, Edwin Sarmiento, negaron este lunes rotundamente haber emitido algún requerimiento fiscal para la intervención policial a la marcha indígena en San Lorenzo, Beni.
“Este requerimiento puede haber, no estoy afirmando que existe, pos eso he solicitado la información correspondiente a los señores fiscales de Distrito (de La Paz y del Beni)”, dijo Uribe, en rueda de prensa, según el reporte de la radio Aclo de la Red Erbol.
Agregó que al momento (media tarde de este lunes) el Fiscal de Distrito del Beni ya hizo llegar el respectivo informe a la Fiscalía General en el sentido de que no emitió ningún requerimiento para la intervención; mientras, hasta entonces, la Fiscalía de Distrito de La Paz todavía no envió documentación oficial al respecto.
“Pero sí existe una investigación aperturada (en La Paz sobre los hechos registrados en Chaparina, un día antes de la intervención policial), probablemente dentro de esa investigación se hubiera evacuado algún requerimiento, pero (…) desde la Fiscalía General no hay ningún requerimiento al respecto”, sostuvo.
El fiscal Sarmiento indicó que después de haber conocido que dos personas heridas en los hechos de Chaparina habían llegado el sábado 24 de septiembre a la Clínica Virgen de Copacabana de La Paz, inició una investigación sobre el caso y pidió que un funcionario de la Fiscalía de Distrito del Beni se constituya a indagar en aquella zona beniana.
Pero –aclaró– que su autoridad no ordenó ninguna intervención de efectivos policiales a la marcha de los indígenas en San Lorenzo el pasado domingo 25 de septiembre.
“Al llegar a la Clínica Copacabana constaré que habían dos heridos y lo que hice como fiscal es precautelar la seguridad de las personas como en cualquier caso de rutina, dispuse que el médico forense practique la valoración médica de estas personas, (pero) yo no he ordenado ninguna intervención”, apuntó.
Mientras, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en conferencia de prensa, aseguró que la actuación policial fue con un requerimiento fiscal.
“Reiterar que esto es producto de un requerimiento fiscal, que instruye no solamente la dispersión del bloqueo, de los bloqueadores, sino también la evacuación de estas personas para preservar su integridad física”, afirmó Llorenti.
Con similar criterio se expresó el comandante de la Policía Boliviana, general Jorge Santiesteban, quien dijo que la intervención policial fue a requerimiento del Ministerio Público.
“Las operaciones que se han realizado el día 25 de septiembre en la disolución de la marcha y el bloqueo fue a requerimiento fiscal, es por eso de que los efectivos policiales, al mando del Subcomandante (general Oscar Muñoz), han actuado”, declaró.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, desde la ciudad de Santa Cruz, también atribuyó la intervención policial a un requerimiento fiscal.
|
Bienvenido a EnlacesBolivia, noticias de Bolivia y directorio de empresas bolivianas
