El fiscal Leopoldo Ramos informó que existen al menos dos contratos en que el Ministerio de Comunicación, mediante la Dirección de Estrategias Comunicacionales, realizó compras a la empresa Servicio Integrales y Comunicación Bravo, la cual está acusada de pertenecer a la red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Precisó que la firma de la directora de Estrategias Comunicacionales, Silvia Salinas, está en dos documentos para la compra de memorias extraibles y poleras para la reunión del G77+China, realizada en Santa Cruz en junio de 2014, en la gestión de Amanda Dávila.
Erbol visitó la oficina de Salinas, pero una funcionaria la excusó alegando que estaba en reunión y no sabía cuándo estaría disponible. Su teléfono móvil estuvo apagado en la tarde y en la noche no contestó.
Ramos anticipó que Salinas será convocada a declarar en calidad de testigo y que las demás personas mencionadas en los documentos también serán requeridas para que vayan aclarando un poco la firma de contratos y adjudicaciones de servicios.
La misma empresa, Bravo, tiene como representante legal a Luis Bell, hijo de Selva Camacho, y como contacto comercial a Yalile Bravo, todos ellos detenidos preventivamente por el caso de corrupción en YPFB.