De las 19 empresas nacionalizadas por el Gobierno de Evo Morales hasta la fecha, siete fueron indemnizadas con algo más de 615,7 millones de dólares, tres aún no tienen monto estimado de indemnización y nueve esperan cobrar alrededor de 531,6 millones de dólares en arbitrajes internacionales o en negociaciones amigables.
Según estimaciones de la Fundación Milenio y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación, ésta última encargada del proceso de nacionalización en el sector eléctrico, el Estado pagó 233,4 millones de dólares por la expropiación de la empresa petrolera Chaco, por Transredes 12,6 millones; por Petrobras 112 millones, por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) 209 millones, por la CLHB 20,1 milllones, por la eléctrica Corani 18,4 millones y por Valle Hermoso 10,2 millones, haciendo un total de 615,71 millones de dólares.
Por otro lado, se desconoce cuál es el monto total de la indemnización por las acciones transferidas al Estado de las socias mayoritarias en la petrolera Andina, la planta Metalúrgica de Vinto y la Planta de Amoniaco de Vinto.
Las empresas que esperan ser indeminizadas mediante tribunales arbitrales o negociaciones directas son la empresa Aguas del Illimani que espera una compensación de 15,1 millones de dólares. En la misma situación está la Distribuidora de Hidrocarburos Air BP, que busca 36 millones de dólares; la eléctrica Guaracachi que estima recibir 142,3 millones; la distribuidora de electricidad ELFEC que espera 80 millones; la Transportadora de Electricidad (TDE) exigió 39,9 millones; la Empresa Minera Mallku Kota insinuó 25 millones y las recientemente nacionalizadas Electropaz y Elfeo buscan 100 millones de dólares de indemnización, que hace un total de 456,6 millones o 531.6 millones, en caso que Comteco obtenga lo solicitado.
Es así que la nacionalización de las 19 empresas le costaría al Estado boliviano algo más de 1.12,3 millones de dólares. Según el experto en nacionalizaciones Francisco Zarati, el costo de las nacionalizaciones podría superar fácilmente los 1.500 millones de dólares, considerando los pasivos de las empresas expropiadas.
Según el analista económico José Luis Vedia, las empresas expropiadas deben generar recursos económicos que justifiquen la millonaria inversión que, en última instancia, realiza el país.Asimismo, dijo que deben ser administradas eficientemente y generar rentabilidad e ingresos para el Estado.
Vedia asegura que lamentablemente este proceso de nacionalizaciones desincentiva la atracción de inversiones externas, debido a que no existe seguridad jurídica en el país y las empresas extranjeras tienen que pensar muy bien antes de invertir en Bolivia.
Para el especialista en asuntos económicos Humberto Vacaflor, la nacionalización es un desastre y considera que hace siete años Bolivia importaba menos carburantes que ahora.
Dijo que muchas empresas como Huanuni y Colquiri están siendo mal administradas, debido a que la cantidad de trabajadores contratados (4.500) no guarda relación proporcional con la producción de minerales que se mantiene estacionaria.
Por parte, señala que la mala gestión en la Metalúrgica de Vinto está poniendo a esa empresa al borde de la quiebra y que Entel nos ha puesto a la cola de los países del mundo en el servicio de Internet, debido a que las nacionalizaciones fueron hechas sólo con entusiasmo.