Ministerio de Transparencia ve clara negligencia de ejecutivos del Fondo Indígena

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, consideró que no hubo una gestión adecuada de las autoridades del Fondo Indígena en el seguimiento y fiscalización de los proyectos financiados.

Tres exdirectores del Fondo Indígena fueron vinculados con irregularidades que involucran 71 millones de bolivianos en proyectos que nunca fueron ejecutados, de acuerdo a un primer informe de la Contraloría del Estado. Elvira Parra fue enviada a la cárcel y Marco Antonio Aramayo a detención domiciliaria, mientras que ordenaron aprehender a Daniel Zapata.

“De inicio se advierte una clara negligencia en el nivel ejecutivo del Fondo Indígena. Estamos hablando de lo que establecía el decreto de creación del Fondo, que le daba una obligación al director ejecutivo de encarar una gestión administrativa, técnica, financiera y autónoma. Ha sido vulnerado”, afirmó ayer durante una entrevista en el programa ‘A todo pulmón’ por cadena A

La Contraloría detectó un daño económico de Bs 71 millones en 153 proyectos fantasma. Otros 100 proyectos que recibieron Bs 74,6 millones no cerraron de manera formal su labor, por lo que no se tiene constancia de su ejecución, y 169 no tienen el “cierre” correspondiente, pese a que recibieron el 100% de los recursos: Bs 132 millones.

El Ministerio de Transparencia intervino a través de un “procedimiento de acción inmediata” el Fondo para indagar sobre los supuestos malos manejos de recursos económicos destinados a proyectos rurales. Larisa Fuentes fue posesionada como directora e interventora del Gobierno en la entidad que opera con dineros del Fondo de Impuesto a los Hidrocarburos (IDH).

“(Se ha) sumado la falta de una adecuada gestión en el manejo de la cosa pública, en encarar una gestión de fiscalización, de seguimiento a esos proyectos que estaban financiados”, explicó Valdivia.

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, que preside el directorio del Fondo, fue convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para que el viernes explique las denuncias de corrupción que pesan sobre la entidad encargada de canalizar recursos a proyectos de desarrollo productivo y social en el área rural.