Poblaciones de Oruro protegen a narcotraficántes con metralletas y fusiles

Evadir los proyectiles de fusiles Máuser, las ráfagas de metralleta, las lluvias de piedras y dinamitas de los comunarios de Oruro se ha convertido en la mayor preocupación de los efectivos antidroga, quienes se enfrentan de esa manera a los protectores y aliados de los narcos en este departamento.

"Utilizan todo tipo de armamento, desde dinamitas, armas blancas y ‘miguelitos’ (fierros para pinchar llantas). También armas cortas y largas, como revólveres, metralletas e incluso en algunas poblaciones fusiles Máuser”, explica el director de la FELCN en Oruro, Lisandro Patiño.

Las comunidades vinculadas al narcotráfico se ubican por lo general en la región fronteriza con Chile, a donde va la droga en un trayecto interno ya conocido por la Policía: Santa Cruz-Cochabamba-Oruro; de ahí a puertos chilenos rumbo a Europa o Asia.

Algunas de las poblaciones son Pisiga, Copacabanita, Ancaravi, Tambo Quemado, Llica, Turco, Paripampa, Berengela, Amachujo y Condorpuchio.

Pero policías y fiscales coinciden en que los lugareños más peligrosos están en la población de Qaqachaka, provincia Avaroa, en el sur del departamento de Oruro. Su ubicación geográfica es ventajosa. Sólo hay una ruta de acceso al poblado y desde lo alto de un cerro controlan quiénes ingresan y salen de sus dominios.

En Qaqachaka (como ocurre por lo general en el área rural) es imperdonable no asistir al cuartel, donde los jóvenes aprenden a disparar y estrategias militares. La Policía también sabe que los fusiles son robados de estos recintos militares, todo para resguardar una economía que se construye sobre el narcotráfico.

Esto se observa "hasta en el mercado, aquí la papa es peruana”, dice un fiscal que prefiere el anonimato. Algunos comunarios cambiaron el arado, palas y picos por armas y técnicas para producir cocaína. Es cuestión de ganancias, de rentabilidad.

Narcos colombianos los impulsaron con tecnología de punta en su nuevo negocio: fábricas móviles de cocaína. Pero se sabe que peruanos y brasileños también los apoyan. De éstos reciben las técnicas, armas y una mejor calidad de vida, que de otro modo difícilmente podrían tener. A cambio los narcos obtienen protección, el silencio y la información.

"Hay la colaboración logística, provisión de combustible e información sobre el desplazamiento de unidades policiales, eso es lo más frecuente”, dice el fiscal departamental, Orlando Riveros. Patiño añade que lo que a ellos les callan, a los narcos les cantan. "Les dicen por dónde y cuándo pasan nuestras patrullas”. Los policías suelen ver de lejos carros que huyen hacia el horizonte ni bien ellos se acercan. "Es probable que tengan comunicación sofisticada, porque cuando una patrulla se acerca, se ve escapar los vehículos y se pierden en la pampa”, comenta el fiscal anónimo.

Los hechos fueron reportados por la prensa: el antebrazo de un efectivo destrozado por el proyectil de un Máuser en noviembre de 2009, en Berengela. El de una balacera entre policías y pobladores de Paripampa, en octubre de 2009. La aprehensión de un comunario que tenía una sofisticada metralleta, hace dos meses. O el año pasado, en Ancaravi, cuando el conductor de una patrulla probó sus habilidades al evadir una barrera de piedras y comunarios armados que no permitirían el secuestro de un vehículo.

Las autoridades saben que no todo es conveniencia económica. Están las amenazas, el temor que implica para una población alejada de la ley y el orden decirle "no” a una fuerza que no vacila en quitar vidas para resguardar sus cuantiosas ganancias.

Patiño dice que hay acercamientos para concienciar a la gente, "de que el narcotráfico no le hace bien a nadie”. Pero muchos "cierran filas y aplican una política del silencio, nadie sabe nada”, completa el fiscal.

Tal vez fiel a esa política, el asambleísta por la provincia Avaroa, Felipe Choquetarqui, sostiene no conocer nada al respecto. "No estoy informado sobre eso. Nunca escuché esta noticia, para qué voy a mentirle, no tengo conocimiento, pero voy a averiguar”.

Mientras que Luis Chaquichambi, asambleísta de la provincia Sajama, frontera con Chile, es más abierto en su posición. Escuchó algunos casos y cree que eso merece una investigación.

"No creo que apoyen comunarios al narcotráfico. Puede que existan uno o dos, que seguramente reciben dinero. Mucha gente se vende por dinero, eso ocurre siempre, pero no podemos generalizar y decir que son todos”, defiende Chaquichambi.