Petroleras extranjeras buscan petróleo en 11 áreas protegidas de Bolivia

Expertos se abren al debate a favor de la inversión en reservas naturales y otros, en defensa del medio ambiente. El Decreto Supremo 2366 aprobado el pasado 20 de mayo, autoriza realizar actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas del país.

En ese contexto, actualmente, 11 contratos de exploración y explotación gasíferos y petroleros tienen superposición en dichos predios naturales de las 22 áreas protegidas que tiene el país, como señala el informe del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), a través del investigador Jorge Campanini.

"El DS 2366 que termina por “legalizar” el trastocamiento de las áreas protegidas, riqueza natural y patrimonio de los bolivianos, en áreas destinadas al extractivismo", apunta Campanini, al referirse a la aprobación y los alcances generales que cita la norma.

Según el Cedib, actualmente de las 18.271.699 hectáreas (ha) de superficie protegida existente a nivel nacional, 3.043.797 ha son afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de YPFB3 que están a disposición de las petroleras extranjeras. Es decir que cerca al 17% de lo que constituye el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) es ahora una zona de extractivismo o donde ya se realizan actividades petroleras.

Para el analista Hugo del Granado, la norma se trata del anuncio hecho por el Gobierno el 2013 y recién se concretó; lo cual facilitará las inversiones en áreas protegidas con el ingreso de las petroleras. "Es una modernización del régimen que hay con las áreas protegidas. Aquello de considerar 'santuarios' estas áreas, en realidad es un extremo; hay maneras modernas de proteger la naturaleza y para ello hay suficiente tecnología para hacerlo", señaló.

Un debate en dos frentes. El argumento del Gobierno y el DS 2366 es que con esta medida se aprovechará los recursos hidrocarburíferos para reducir la extrema pobreza en las comunidades que habitan las áreas protegidas, a cuyo efecto se destinarán 1% de la inversión total que se haga en trabajos de exploración en zonas intervenidas, cuyos recursos irán a beneficiar sobre todo a las comunidades indígenas.

Al respecto, Marco Gandarillas, Director del Cedib, señala que el Decreto es nefasto en este sentido, por un lado es un golpe más a los derechos de los pueblos indígenas pues dispone ya mismo que se hace la actividad hidrocarburífera a cambio de ese 1%; por el otro, se omite por completo la consulta previa y por supuesto no hay posibilidad de negarse a la actividad extractiva así estén en juego impactos que pueden hacer desaparecer a dichos pueblos.

"Las actividades extractivas no benefician a las comunidades todo lo contrario: desarticulan la organización comunal y/o indígena originaria, dejan los daños ambientales a los pobladores, destruyen su base de economía local. Eso lo vemos a lo largo y ancho de todo el país en donde se realiza este tipo de actividad", señaló.

Por su parte Francesco Zaratti, analista energético, ve la normativa como una medida desesperada del Gobierno por captar inversiones, a falta de un plan estratégico sostenible a largo plazo, al saberse que el país, por la actual coyuntura mundial de la desaceleración económica como efecto de la caída de los precios del petróleo, ya no es un atractivo a las nuevas inversiones.

"Pienso que la causa original del DS 2366 es la urgencia, casi desesperación, diría yo, de facilitar las inversiones para reponer reservas con el mínimo esfuerzo, seguir exportando gas y produciendo mayores volúmenes de crudo; o sea, para seguir con el modelo económico rentista actual. Lo novedoso es que para seguir por esa senda ahora el Gobierno está dispuesto a rifar la protección del ambiente en áreas altamente vulnerables a ciertas actividades económicas", apuntó.

En cambio, Armando Méndez, experto en economía, hace mención a que el país debe salir del discurso romántico y radical en defensa del medio ambiente. Sostiene que la única manera de eliminar la pobreza es generando inversiones, lo cual implica ciertos costos que la normativa debe proteger de manera racional. "Esos radicales medioambientalistas son peligrosos. En el fondo quieren que no se haga nada, que se pare el mundo y el desarrollo de un país. En economía todo beneficio tiene costos y la norma recientemente aprobado, busca proteger racionalmente las áreas protegidas en tener riquezas bajo tierra, tomando todos los recaudos posibles", dijo.