Ya existen contratos para explorar 11 de las 22 áreas protegidas

De un total de 22 áreas protegidas existentes en Bolivia, en la actualidad 11 tienen porcentajes de su territorio comprometidos con contratos de exploración hidrocarburífera. El dato corresponde a un informe elaborado por el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini.
Según este reporte, los grados porcentuales de su territorio ya con el contrato para exploración son: Iñao (90,8%), Tariquía (55%), Aguaragüe (72,5%), TIPNIS (35%), Pilón Lajas (85,5%), Madidi (75,5%), Tunari (2,03%), Apolobamba (1%), Carrasco (6,87%), Manuripi (31,16%) y Amboró (20%).

La investigación la realizó mediante el contraste de datos obtenidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y del Servicio Nacional dé Áreas Protegidas (SERNAP).

"El criterio comercial de la explotación petrolera se sobrepone al criterio ambiental de conservación (…). Hay una figura en la norma donde dice: ‘estos contratos se quedan en statu quo hasta que se vea la forma de viabilizarlo’. Y el decreto actual (2366) viabiliza que se realicen operaciones allá”, asevera Campanini.

Este tema cobró relevancia a partir de que se conoció el alcance del Decreto Supremo 2366 de 20 de mayo de este año. Dicha norma establece y autoriza la exploración y posterior explotación de estos recursos naturales en las áreas protegidas.

Según el informe de Campanini, en la actualidad la superficie de áreas protegidas del país alcanza las 18.271.699 hectáreas. De éstas, 3.043.797 son afectadas por estar comprometidas con contratos petroleros, alcanzando el 17% del total , y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de Yacimientos.

"YFPB reconoce que son ocho parques importantes; está el Amboró, el TIPNIS, el Madidi que son parte del corredor Vilcabamba - Amboró. Es uno de los lugares más ricos en biodiversidad en el mundo y eso es bastante preocupante”, puntualiza el investigador Campanini.

Este medio recurrió al SERNAP en busca de una contraparte oficial sobre el tema. No obstante, desde la Unidad de Comunicación se informó que su actual director, José Coelho, no está brindando ningún tipo de entrevista a medios de prensa.

De igual forma, con ese mismo objetivo, se acudió al Ministerio de Hidrocarburos y Energía; en la instancia de comunicación expresaron que lo único oficial que podían facilitar es un audio de una entrevista al ministro, Luis Alberto Sánchez, en la radio Patria Nueva del 25 de junio.

En dicho documento sonoro, la autoridad hace referencia al tema indicando que el Estado no vulnera los derechos de los pueblos indígenas que habitan en las áreas protegidas ni la calidad del medioambiente. El ministro admitió que en caso de existir algún tipo de daño medioambiental, se procederá a la compensación a los habitantes de dichas áreas.

"Un área protegida puede ser del tamaño de una mesa -ejemplifica- pero el área de interés es del tamaño de (un) vaso. Entonces, no se va a dañar toda el área protegida, toda la mesa, sino un tamaño mínimo, un volumen de tierra pequeño que está de acuerdo al cumplimiento de toda la normativa”, afirmó Sánchez a su interlocutor.
Mientras que el dirigente Rodolfo Machaca, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, asegura que analizarán los alcances del decreto para determinar cuáles son los "pros y contras”.

El abogado especialista en temas ambientales Rubén Pinto considera que se está actuando de forma política al ya tener comprometidos ciertos porcentajes de 11 áreas protegidas de Bolivia, puesto que son 22 en total.

"Estamos sacrificando (los recursos) como los tontos útiles mientras que otros países, como Estados Unidos, están apostando a tener reservas. Porque el petróleo es un recurso finito, uno puede calcular cuánto hay y cuánto va a durar. Deberíamos optar por la preservación”, asegura Pinto.

Sobre el este "polémico” decreto supremo, su alcance y posibles afectaciones, el diputado del Movimiento Al Socialismo Manuel Canelas reconoce la actual exploración en seis áreas protegidas -en relación con el informe del CEDIB- y que dicho decreto amplía la cantidad a 11. "El decreto lo que aporta es certidumbre y reglas más claras”, afirma.