17 comunidades que viven en el Madidi y Pilón Lajas rechazan la represa en El Bala

Un total de 17 comunidades que habitan en las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas rechazan el proyecto de que se construya una represa en el estrecho de El Bala porque los pone "en riesgo de desaparecer" y exigen una consulta previa antes de que se inicie el proyecto. Las 17 comunidades, que viven en los ríos Beni y Quiquibey (en las cercanías de Rurrenabaque y San Buenaventura) rechazaron el proyecto de El Bala mediante un voto resolutivo y entregaron esta resolución al Defensor del Pueblo para que pueda interceder por sus derechos.

Esas comunidades son Carmen Florida, Real Beni, San Miguel, San Antonio de Sani, Embocada, Asunción del Quiquibey, Gredal, El Corte, San Luis Chico, San Luis Grande, Torewa, Villa Arcilla Bolsón, Bisal, San Bernardo, Charque y San José de Uchupiamonas. "La mega Represa del Bala ocasionará una total y gran destrucción de los Ecosistemas y sus recursos, que las comunidades indígenas y campesinas seremos expulsadas de nuestras tierras y nuestras culturas y por ende enfrentamos un riesgo de desaparecer", dice el voto resolutivo, firmado en mayo y dado a conocer públicamente en julio.

Esas 16 comunidades se reunieron con otras cinco que se encuentran en Alto Beni y que también rechazaron el proyecto por el impacto ambiental y social y el poco beneficio que les daría. También consideran que la represa causará una gran destrucción del ecosistema y que las comunidades indígenas serán expulsadas de sus territorios para hacer viable este proyecto, ya que implica la inundación de parte del Madidi y Pilón Lajas.

Además, evidencia que esta represa viola el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente saludable. Hace dos semanas, el gobierno contrató a la empresa italiana Geodata por 22 millones de dólares para realizar un estudio de viabilidad económica y medioambiental sobre la construcción de esa represa, que se construiría en el estrecho de El Bala, en las cercanías de Rurrenabaque y San Buenaventura.

Al detener las aguas que fluyen de sur a norte en el país, se inundaría una extensa zona en la parte sur. Geodata tiene dos años para realizar el estudio y ver distintas opciones, como hacer una sola gran represa u optar por varias tipo "cascada", algo que aminoraría algo los daños ambientales. Activistas medioambientalistas han señalado que esta obra causaría un grave efecto sobre el medioambiente y las comunidades indígenas, que tendrían que ser trasladadas.

La obra se debate desde 1950, y ha sido descartada en varias oportunidades por el costo medioambiental y social que causaría su construcción. El voto resolutivo expresa que el ecoturismo, la gestión de las áreas protegidas y los programas sostenibles agroforestales serán afectadas si se viabiliza esta represa y que ellos desarrollan emprendimientos amigables con el medio ambiente.

El representante del proyecto turístico Chalalán, Neil Palomeque, expresó a ANF que si se logra hacer la represa las comunidades se quedarían sin fuente de trabajo y sus casas serían inundadas. Agregó que no se podría llegar al parque Madidi porque no sería posible cruzar el río Beni. En Rurrenabaque y San Buenaventura existen al menos 20 proyectos ecoturísticos que viven del turismo, informó el activista Marco Ribera.

Las comunidades indígenas del Madidi y Pilón Lajas le piden al gobierno que debe implementar proyectos que estén de acuerdo a la Constitución Política del Estado y que no causen daños irreversibles a la naturaleza. Aclaran que sus decisiones no son "políticas" y que sólo tratan de preservar el medio ambiente y sus formas de vida y que no están en contra del gobierno pero que buscan defender sus usos y costumbres además de la naturaleza con la cual siempre convivieron.

También explican que los espacios extensos no son "terrenos baldíos" sino que son reservas de recursos de los que vive cada comunidad indígena y si esto se toca podrían desaparecer sus sistemas culturales. Por último exigen ser informados de los detalles de este proyecto y que se haga la consulta previa que está respaldada por la Constitución Política del Estado y la Convención 169 de la OIT de NNUU. El presidente Evo Morales expresó en julio que las consultas previas "se pierde mucho tiempo" y que es la debilidad del Estado y pidió que los comunarios no sean "instrumentos" de las ONG para postergar al país. Manifestó que las áreas protegidas fueron creadas por los países del norte para que "los países del sur sean sus guardabosques".