El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Johnny Llally, aceptó la petición de dialogar con el Gobierno, pero puso como condición que se libere a todos los 51 manifestantes detenidos por la Policía el miércoles.
El dirigente dio un plazo hasta la media noche del miércoles para que los detenidos sean liberados, pero las autoridades rechazaron esa posibilidad. Varios ministros dijeron que los detenidos están en manos del Ministerio Público, un órgano sobre el que no pueden "interferir".
La otra demanda de los potosinos es que el presidente Evo Morales firme los acuerdos a los que eventualmente llegue el diálogo, pero esa posibilidad también fue rechazada por el gobierno. Los ministros dijeron que el artículo 172 de la CPE establece las atribuciones del Presidente, y allí no figura la firma de acuerdos con organizaciones sociales.
Además, Llally denunció que existe persecución a los dirigentes cívicos por parte de miembros de inteligencia de la policía boliviana.
El dirigente potosino señaló que el Gobierno ha generado los conflictos a través de infiltrados, a quienes acusó de promover la violencia en La Paz, e incluso de ocasionar el incendio en la Embajada de Alemania.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que han sido los dirigentes de Comcipo quienes "destrozaron" los escenarios de diálogo "generados por el Gobierno".
"Aparentemente la idea es pulverizar cualquier escenario de diálogo (
) Lo que sucedió el miércoles fue algo inesperado y de alto riesgo, que es inaceptable", indicó Romero.