Tras una época de desencuentros y conflictos con empresas españolas, incluidas expropiaciones a REE, Iberdrola y Aena-Abertis, Bolivia cambia el chip y trata de abrirse de forma decidida a la inversión exterior para mantener el sólido crecimiento de los últimos años. El Gobierno de Evo Morales ha desplegado un esfuerzo normativo por dar garantías jurídicas a unos inversores que aún no han disipado totalmente su desconfianza.
El nuevo clima de sintonía con España comenzó a escenificarse en la reunión que el presidente Evo Morales mantuvo a fines de 2013 con el entonces Rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y se ha venido plasmando y concretando desde ese momento, especialmente tras la abrumadora reelección (60% del voto) en las presidenciales de octubre de 2014 de un mandatario que acaba de anunciar que acepta la celebración de un referéndum en el que se decida si debe cambiarse la Constitución para que pueda ser reelegido, como piden grupos sociales e indígenas que le apoyan.
El nuevo entorno se abre paso, además, pese a que aún subsisten suspicacias y flecos pendientes con algunas de las firmas españolas expropiadas en 2012 y 2013. Aunque Bolivia llegó a un acuerdo de indemnización con REE, el contencioso con Iberdrola por la expropiación de cuatro filiales aún no se ha resuelto y mucho menos la compensación que atañe a Sabsa (filial de Abertis y Aena), que gestionaba los tres principales aeropuertos de Bolivia y que fue expropiada bajo el argumento de que incumplía compromisos de inversión.
De momento, y con el apoyo de nuevas legislaciones aprobadas en Bolivia en los últimos meses (nueva Ley de Inversiones, Ley de Conciliación y Arbitraje), la confianza de las firmas españolas en el país ha mejorado y el interés de las autoridades bolivianas por atraer compañías españolas se ha incrementado. El crecimiento económico del país también ayuda: Bolivia, que ex¬hibe un sos¬te¬nido ritmo de expansión su¬pe¬rior al 5% desde 2011 pro¬gre¬sará el 4,5% este año. En este marco, son ya muchas las compañías hispanas que comienzan a pensar, como La Paz, que el momento de invertir en Bolivia es ahora.
Así, Telepizza acaba de inaugurar su tercer establecimiento en Santa Cruz y prevé totalizar 10 en Bolivia en dos años y Saboreaté y café ha desembarcado en el país. Por su parte, la estatal boliviana de electricidad ENDE firmaba días atrás contratos con las españolas Asociación Accidental Maud e Ingeniería y Proyectos (Inypsa) para estudios de diseño final de dos proyectos eléctricos. Maud elaborará los documentos de licitación para un proyecto en el río Ivirizu, donde se instalará una hidroeléctrica en el marco de un plan que contempla 70 kilómetros de líneas de transmisión y subestaciones. Inypsa se hará cargo del estudio del proyecto Banda Azul, situado también en Cochabamba.
Y no son los únicos proyectos o adjudicaciones recientes. Ardanuy Ingeniería ha sido contratada para la segunda fase de supervisión del diseño, construcción y puesta en marcha del sistema de transporte teleférico en las ciudades de La Paz y El Alto. Y Grupo Isastur realiza un sistema híbrido autónomo llave en mano para EGSA (Empresa Eléctrica Guaracachi), filial de ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), consistente en una instalación que integra energía solar fotovoltaica con generadores diesel convencionales. Y la pasada primavera, la española Eptisa servicios de Ingeniería se adjudicaba el proyecto Central Hidroeléctrica Rositas (Santa Cruz).
Asimismo, ENDE adjudicaba el pasado otoño a Isolux Corsán un contrato para construir una central hidroeléctrica, dos subestaciones y seis túneles en la provincia de Inquisivi, por 315 millones de euros. En este proyecto hidroeléctrico de Miguillas, Ayesa realizará el desarrollo de ingeniería básica e ingeniería de detalle por encargo de Isolux y TSK. Isolux construye actualmente 77 kilómetros de Autovía del Tramo II de la Doble Vía Oruro-La Paz, además de acometer la rehabilitación del tramo QuiquibeyYucumo (Corredor Norte de Bolivia). Asimismo, Isolux, a través de su filial Tecna, realiza para la petrolera Total el primer tren de procesamiento de gas de los tres pozos de producción del Proyecto Incahuasi.
Además, el año pasado, un consorcio liderado por Sacyr industrial se hacía con el contrato para diseñar, construir, montar y poner en marcha una planta de cemento en Oruro por 244 millones de dólares (178 millones de euros), a cuenta de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), proyecto en el que participa la también española Imasa.