Casos Chaparina y Caranavi presentarán denuncia internacional

A cuatro años de la intervención policial a la VIII marcha indígena de tierras bajas, y a más de cinco de la represión a los pobladores del municipio de Caranavi, la defensa de las víctimas en estos dos casos coinciden en afirmar que la justicia en Bolivia está plenamente politizada y que, por lo tanto, sólo quedan las instancias internacionales para juzgar a los verdaderos culpables.

Si bien en ambos casos se prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra las autoridades del Estado, no existe una fecha exacta para que ello suceda.

La defensa asegura que aún está a la espera de una coordinación con algunas instituciones internacionales y que esta información no se hará pública hasta que la delegación encargada de plantear esta acusación retorne al país, una medida que asumen por cuestiones de seguridad y estrategia.

El Caso Caranavi, entre el desconocimiento y el hermetismo del Órgano Judicial Entre el 7 y 8 de mayo del 2010, se suscitó una brutal represión policial en el municipio de Caranavi.

Comunarios de esta región protagonizaron un bloqueo de caminos en demanda del cumplimiento de la promesa electoral que Evo Morales había hecho para la construcción de una fábrica de procesamiento de cítricos. El conflicto se saldó con la vida de dos personas. Mario Hernani murió por el impacto de una granada de gas, y Mario Callisaya, por balines disparados por la policía.

A más de cinco años de este suceso, tres de los inicialmente acusados: Sacha Llorenti (exministro de Gobierno durante el suceso y actual Embajador de Bolivia ante la ONU); Óscar Nina (Excomandante general de la Policía de ese entonces, y actualmente preso por supuestos nexos con el narcotráfico), y Gustavo Torrico (exviceministro de Régimen Interior, y actual asambleísta departamental de La Paz por el MAS), fueron excluidos del caso y tan sólo cuatro policías de bajo rango fueron imputados.

"Esperamos la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Definitivamente no nos interesa nada de los que pueda ocurrir aquí en Bolivia, porque con este gobierno no se va a conseguir justicia", manifestó a ANF el abogado de las víctimas, Jorge Quiroz.

Según el jurista, el caso actualmente se encuentra estancado, ya que desde la salida de la fiscal asignada al caso, Patricia Santos, se desconoce un avance del proceso, o de la asignación a un nuevo fiscal para el avance del juicio. "Probablemente haya un Fiscal, pero no se nos ha hecho conocer, o sea que hay un hermetismo terrible, por eso que nosotros no tenemos ni la más mínima esperanza de que en la justicia boliviana se pueda llegar a un acuerdo", dijo. Quiroz aseguró que, pese al tiempo trascurrido, las familias de los fallecidos aún son instigadas por personas presuntamente simpatizantes del oficialismo, que insisten en llegar a un acuerdo, un hecho que evidencia el carácter de persecución e intimidación que impulsó el gobierno continuamente. Finalmente, el abogado aseguró que el único recurso que queda de aquí en adelante, es la presentación de una denuncia formal ante el CIDH, lugar donde, según Quiroz, se establecerán los auténticos grados de responsabilidad de los implicados.

El caso Chaparina, otro eslabón extraviado para la justicia Un hecho que guarda cierta semejanza con el caso Caranavi es la violenta represión a la marcha del Tipnis porque se trató de una intervención de la policía a un grupo que ejercía una medida de protesta y porque, nuevamente, el acusado inicial fue el exministro Sacha Llorenti.

El 25 de septiembre de 2011, centenares de indígenas de tierras bajas protagonizaron la VIII Marcha Indígena que se trasladaba desde la ciudad de Trinidad hasta la ciudad de La Paz, en protesta por el anuncio de la apertura de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis ), hecha por el gobierno. Durante su recorrido, la marcha fue brutalmente reprimida por un operativo policial que intentó interrumpir el paso de los marchistas en la localidad de Chaparina.

Gases lacrimógenos y golpes fueron utilizados contra hombres, mujeres y niños, algo que generó gran consternación en la población nacional. "Durante todo este tiempo, el Ministerio Público, y seguro por órdenes del gobierno, ha emitido varias resoluciones con las que ha ido sacando a muchas personas, y una de esas personas beneficiadas ha sido el exministro Sacha Llorenti", señaló a ANF, Claudia Lecoña, abogada de Olga Flores, una de las denunciantes de este caso.

Según la jurista, el gobierno del MAS nunca asumirá la responsabilidad sobre la vulneración de derechos que se hizo contra los indígenas de tierras bajas, y prueba de ello es que muchos de los principales implicados también fueron sobreseídos del hecho, entre ellos, Sacha Llorenti.

"Fueron excluidas personas a las que habíamos denunciado como el exviceministro Marcos Farfán, Boris Villegas y varios coroneles, sólo acusa a cinco personas: Oscar Muñoz Colodro, y cuatro policías que han surgido supuestamente de la investigación que ha hecho el Ministerio Público", dijo. Lecoña indicó que los mencionados cinco acusados deberán pasar a un juicio oral por los delitos de incumplimiento de deberes, allanamientos, vejaciones, tortura y lesiones graves y leves, privación de libertad y coacción.

"El gobierno ha supuesto la ruptura de mando. Eso es mentira, hay declaraciones de Boris Villegas, quien trabajó con Llorenti, que negó tal ruptura y que dijo que fue el exministro de gobierno dio la orden y que los comandantes se comunicaban con él a cada hora y que coordinaban con Farfán", señaló.