El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo hoy que Enatex ya era una empresa fracasada desde su creación como privada y que se intentó revitalizarla con una inyección aproximada de 60 millones de dólares, pero no se consiguió. Dejó en claro que el fracaso no se debe al Gobierno.
"Enatex ya era una empresa privada fracasada, era una empresa privada quebrada, hicimos el esfuerzo organizativo y financiero para revitalizarla, hemos llegado a un límite que no se puede hacer más", manifestó la autoridad en conferencia de prensa.
García explicó que la nueva reconfiguración mundial del rubro textil, donde la producción ahora se hace por segundo, y la gran presencia de China en el mercado, conspiraron en contra de la rehabilitación de Enatex, que con su antiguo sistema y baja productividad técnica, no es competitiva.
El 15 de mayo, como resultado de un análisis técnico, productivo y económico, el gobierno, mediante el Decreto Supremo 2765 decidió el cierre de Enatex y el despido de sus más de 850 trabajadores para convertirla en un Centro de Servicios Tecnológicos para la industria textil.
Los extrabajadores y la federación de fabriles por medio de marchas de protestas y huelgas de hambre exigen al gobierno la abrogación de Decreto y la reincorporación de los trabajadores.
El Vicepresidente indicó que dentro de la nueva propuesta, en base a los restos de Enatex, el nuevo sistema de trabajo será "utilizar las partes técnicas altamente competitivas y productivas para producir solo en función de la demanda".
"No hay requerimiento (de producción), se paraliza la empresa", remarcó.
García reiteró que el Estado hizo un esfuerzo por revivir Enatex, una empresa fracasada, mediante una "terapia intensiva", y que dentro de este proceso incluso tuvo que pagar la deuda dejada a sus trabajadores por Ametex, la anterior dueña.
"Nosotros hemos intentado hace revivir a una empresa privada, fracasada, y no lo hemos logrado, ojo que nosotros no hemos producido el fracaso de Enatex", remarcó.
Sin embargo los trabajadores de la factoría responsabilizan al Gobierno, en particular a la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, y a su antecesora, Teresa Morales, por la quiebra, ya que "desde el ministerio se manejaba la empresa".