Cocaleros niegan que se desvíe hoja de coca al narcotráfico

El dirigente máximo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia y productor de coca, Leonardo Loza, reconoció que existen productores del trópico de Cochabamba sacan su producción directamente al mercado nacional, sin que pase por el mercado legal de Sacaba.

Loza aclara que la comercialización del producto que no pasa por el mercado de Sacaba, no significa que se va directamente al narcotráfico sino, que evaden pasar por el mercado legal por costos de transporte y de tiempo.

"Por varios factores quizás no llega al mercado legal de Sacaba, pero eso no significa que la coca que no pasa por el mercado legal se va directamente al narcotráfico. Yo tengo muchos compañeros cocaleros que por el tema de distancia y el tiempo prefieren llevar directamente a los departamentos para comercializar legalmente, eso no pasa por Sacaba", declaró el dirigente.

No obstante, la Ley 1008 reconoce dos mercados de comercialización de la hoja de coca, el de Villa Fátima (La Paz) y el de Sacaba (Cochabamba). Sin embargo, Loza argumenta que la Ley 1008 "no les representa" porque ha sido fabricada, organizada y digitada solo con fines políticos para penalizar la producción de coca.

Del total de producción de coca en 2015, estimadas en 32.500 toneladas, en los mercados autorizados -según datos del Gobierno- se comercializaron 21.201 toneladas, equivalentes al 65% de producción estimada de hoja de coca en Bolivia. Se deduce que el 35% de la producción de la hoja de coca no se comercializa en los dos mercados autorizados", señaló el informe entregado por el representante de la UNODC en Bolivia, Antonino De Leo.

Entre tanto, la producción potencial de hoja de coca a nivel nacional se estima en 32.500 toneladas al año, de las cuales, 21.201 toneladas son comercializadas en mercados legales, lo que equivale al 65%. El 93% va al mercado autorizado de Villa Fátima y el 7% en el de Sacaba.

Loza al igual que Margarita Terán y otros productores no creen en los estudios que realizan algunos organismos internacionales, por eso ponen en duda los datos que reveló el estudio financiado por la Unión Europea en 2013, que establece que la demanda para el consumo tradicional sería de 14.705 hectáreas y no 20.000 como el Gobierno y las organizaciones pretenden legalizar.

Precisó que para el futuro se debe tomar en cuenta la producción destinada para la industrialización o el consumo que incluso se realiza en otros países como Argentina. "Nosotros estamos planteando 20 mil hectáreas no solo para el consumo sino para la industrialización y exportación", comenta.