Los socios del MAS provocaron los conflictos más violentos en los últimos 3 meses

Entre los meses de mayo y agosto, la Central Obrera Boliviana (COB) y los cooperativistas mineros desataron movilizaciones violentas en contra de su principal aliado político, el Gobierno, a pesar de ser miembros del denominado proceso de cambio.

La COB es considerada el pilar fundamental del proceso de cambio que lidera el presidente Evo Morales, pero su inclusión en la estructura gubernamental no garantizó la paz social.

Las cooperativas mineras también son aliadas de esta administración de Gobierno. Su relación se afianza durante los procesos electorales, pero cuando se ven afectados sus intereses corporativos se enfrentan al Gobierno. Eso ha sucedido en el conflicto de Colquiri o cuando se opusieron a la Ley Minera.

Las organizaciones sociales, entre ellas la COB y las cooperativas mineras, tienen sus espacios de representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las asambleas departamentales y municipales. Muchas también tienen sus cuotas en la estructura del Órgano Ejecutivo. Es un factor que mantiene estrecha la vinculación, entre el poder y los sectores sociales.

Para el Movimiento al Socialismo las tensiones entre el Gobierno y estos sectores sociales "son coyunturales", según el senador Efraín Chambi, pero de ninguna manera se puede pensar que son "quiebres" políticos, porque seguirán en el denominado proceso de cambio, tras los conflictos.

"No trabajamos por prebenda. Los sectores cuando reivindican algo, usan los mecanismos necesarios, lo que no quiere decir que estamos en contra de este proceso. Seguimos siendo parte de este proceso de cambio", declaró Chambi.

El diputado Gonzalo Barrientos (UD) piensa diferente. Sostiene que las autoridades son flexibles cuando están confrontado a sus aliados, pero no sucede lo mismo con los críticos a su gestión. Recuerda que eso sucedió con Potosí y con las personas con discapacidad que no fueron atendidas en sus demandas y en cambio fueron reprimidas por la Policía.

"Con unos negocian y con otros son duros. Eso pasó con el departamento de Potosí, no fuimos escuchados, igual pasó con los discapacitados; pero con los que son sus aliados o tienen cierto tipo de afinidad, el Gobierno siempre está tomando decisiones en función de sus intereses partidarios", dijo.

El conflicto con la COB se desató desde el mes de mayo, cuando el Gobierno decidió cerrar la Empresa Nacional de Textiles (Enatex) dejando sin fuentes laborales a más de 800 trabajadores. El tema se considera un golpe a la clase trabajadora.

La COB se puso al frente para defender a los trabajadores de Enatex afiliados a la Federación de Fabriles, lo que puso en aprietos a las autoridades. Los dirigentes temían que similares decisiones se tomen en el futuro en contra de los trabajadores de las empresas.

Marchas, bloqueos y un paro de 72 horas fueron las medidas que llevaron adelante. Una persona se hizo volar la mano con una dinamita en una de las marchas. 76 trabajadores fueron detenidos y en los bloqueos hubo enfrentamientos y gasificaciones.

Tras un largo proceso de diálogos frustrados, el Gobierno no revirtió el cierre de Enatex, prometió activar el Servicio Nacional de Textiles y garantizar estabilidad laboral para los trabajadores de las empresas.

El conflicto por Enatex fue uno de los más largos que en los últimos tiempos enfrentó al Gobierno y a la COB. La máxima organización sindical es uno de los pilares del denominado proceso de cambio, miembro de la Coordinadora Nacional por el Cambio, que es el brazo político del Gobierno.

El segundo conflicto violento fue el de los mineros cooperativistas que tomaron en calidad de rehenes a más de 70 policías, los golpearon y los intercambiaron con los cooperativistas mineros que fueron detenidos. En contrapartida, los policías tras retener a los mineros los condujeron a algunos sin ropa.

Los cooperativistas tienen un pliego de 10 puntos, pero lo que desató las protestas es la norma modificatoria de la Ley de Cooperativas. Rechazan que la misma permita la sindicalización; el MAS asegura que los mineros están exentos de la Ley y que solo es aplicable para las cooperativas de servicios.