Cocaleros se reúnen con Evo Morales y acuerdan seguir sin pagar impuestos

La pretensión del gobierno de imponer a través de una Ley el pago promedio de Bs 2 por cada libra de coca producida, quedó sin efecto, tras el acuerdo político al que arribaron ayer los cocaleros de los Yungas, aglutinados en la Adepcoca (Asociación de Productores de Coca). Dicha medida estaba planteada en un proyecto de ley del Ministerio de Desarrollo Rural.

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, dijo que esta determinación fue asumida porque el Jefe de Estado entendió en la reunión que los productores actualmente también aportan de manera directa o indirecta al Estado.

"Nosotros hicimos conocer al Presidente que como Yungas pagamos impuesto directa o indirectamente cuando salimos a comprar algún producto, víveres, tal vez la ropa, al pagar el impuesto por nuestras casas. Por eso el hermano Evo Morales ha suspendido ya el impuesto (a la coca que se impulsaba) dentro de un proyecto de ley", afirmó. Sin embargo, informó que actualmente ellos pagan Bs 2 por cada taque de coca (un taque equivale a 50 libras).

Según el presidente. Morales señaló que los dirigentes de Yungas se fueron de la reunión "contentos" porque trataron varios temas que les inquietaban como sector social, aunque todavía no se pusieron de acuerdo en todos los puntos.

"Por muchos temas los compañeros se fueron contentos, solo (hubo) una pequeña diferencia y es la extensión (de cultivos que se debe tener) entre Cochabamba y La Paz, sobre eso se hará algunas consultas", sostuvo el presidente en conferencia de prensa.

Según los comerciantes de la hoja de coca, denominados "detallistas", pagan por su lado un impuesto de Bs 5 a DIGCOIN (Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización), cuando sacan del mercado legal para vender al detalle. El proyecto de ley planteaba que los productores paguen un impuesto adicional a los Bs 2.

Reacciones al respecto. Los economistas Julio Alvarado y Germán Molina lamentaron esta situación.

Alvarado, dijo que el presidente Morales está dando fe a sus palabras, dado que el cumplimiento de la Ley le estorba. "Entonces le va a meter nomás y está incitando a este sector que mueve 300 millones de dólares al año a que se viole la Ley", señaló.
Según Molina, al igual que el sector cocalero y el cooperativismo minero y los comerciantes, son los privilegiados del gobierno.

"Es una medida meramente política que va en desmedro de la economía del país. Es muy lamentable que se produzcan estos hechos, más aún cuando los ingresos están cayendo. Es una mala decisión para las finanzas públicas del país", señaló.