Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica e impedir el incremento en el avasallamiento y tráfico de tierras productivas en Santa Cruz, la Fiscalía General del Estado firmó un convenio interinstitucional para crear una mesa de coordinación que agilizarán los 300 casos de avasallamientos en el departamento, tanto en el área rural como urbano. Esta instancia estará conformada además por el Tribunal Departamental de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y los ministerios de Gobierno, Justicia, Transparencia y Desarrollo Rural.
Objetivo. Ramiro Guerrero, Fiscal General del Estado, informó que cada una de las instituciones, trabajarán desde sus competencias legales y jurídicas las acciones necesarias para luchar contra la toma y tráfico ilegal de predios.
"A partir de hoy se contará con una mesa de trabajo de coordinación institucional donde cada institución en el marco de sus atribuciones constitucionales, asuma un rol de lucha frontal contra el avasallamiento", dijo Guerrero.
El Fiscal General explicó que la mesa verificará, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el saneamiento de la propiedad agraria, en conjunto con el Tribunal Agroambiental para verificar el derecho propietario de las tierras o del Consejo de Magistratura para cerciorarse el registro e inscripción de los predios rurales y urbanos; y las demás instancias como el Ministerio Público que ante la comisión de un delito tiene la facultad de detener a los autores.
"En términos operativos, cada institución tiene que ver cuál es el trabajo que tiene que desarrollar y cómo se coordina, se intercambiará esa información para luchar contra el avasallamiento", dijo Guerrero a tiempo de añadir que también los jueces y fiscales estarán inmersos en la mesa de coordinación.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, señaló que la mesa institucional se reunirá cada 15 a 30 días para coordinar los trabajos y revisar cada uno de los 300 casos de avasallamiento que hay en el departamento.