Tras 4 años del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, el número de presos bajó solo 3%

Pese al Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, vigente con ampliaciones desde hace cuatro años y que benefició a 4.118 reos, el número de presos en las cárceles disminuyó de 13.654 a 13.200 (-3,3%), desde 2012, según estadísticas oficiales.

El perdón a favor de los presos fue aprobado por primera vez en diciembre de 2012. Debido a la dificultad en la obtención de requisitos, se amplió la vigencia de la norma en cuatro ocasiones. El objetivo era llegar a más privados de libertad y, así, luchar en contra del hacinamiento en penales del país. Por eso, la última prórroga del perdón llegó incluso a reos condenados por narcotráfico con ocho a 10 años de sentencia.

Según los datos estadísticos de la Dirección de Régimen Penitenciario, en 2012 el número de presos era de 13.654; en 2013, 14.761; en 2014, 14.587; y en 2015, hasta la fecha, 13.200, entre sentenciados y detenidos preventivos.

Proceso. El director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, indicó que ante ese número de detenidos se debe hacer un análisis, ya que si bien el decreto es humanitario y busca beneficiar a privados de libertad, hay factores que no agilizan el proceso.

“Realmente es un paliativo el decreto. Sin embargo, el sistema de justicia hace que aún tengamos más detenidos preventivos en los centros penales de Bolivia y que los números no bajen en los centros carcelarios. No nos olvidemos de que el tema jurisdiccional está bien ligado a la transformación de los penales. Tenemos que ver que haya una proyección en la Cumbre Judicial para que se emitan algunas políticas para el sector y ayuda”, manifestó.

Sugirió que en la Cumbre Judicial se propongan cambios estructurales en la Justicia para que evite el hacinamiento en las cárceles.

El 12 de noviembre, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que sin la aplicación del perdón judicial, el número de encarcelados en el país, tal vez, se hubiera elevado a unos 17.400.

También dijo que si los números tienen casi el mismo promedio es porque “la sociedad es dinámica”. Indicó que la pasada semana detuvieron a 43 personas vinculadas al narcotráfico y, lógicamente, si no hubieran medidas, habría más presos en los penales.

López reveló que de los 13.200 internos, al menos el 78% no tiene sentencia (10.296), es decir que son detenidos preventivos. Añadió que ante esta problemática en los recintos carcelarios, el Gobierno trabaja para erradicar el hacinamiento, por eso se emitió el indulto, que es considerado una medida a corto plazo de solución, además se pedirá la intervención y coordinación con los gobiernos subnacionales para que éstos hagan la ampliación y el mejoramiento de las cárceles.

“Por ejemplo, ya se pactó con la Gobernación de Beni que se comprometió a otorgar 5 millones de bolivianos para trabajar en el penal de Morros Blancos. También en Cochabamba (el gobernador) se comprometió para la ampliación de El Abra”, dijo sin precisar el monto de este último.

Una de las causas para que el indulto no se aplique en su totalidad fue la dilación de trámites, por eso el 11 de noviembre el director general del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), David Tezanos, denunció que jueces y funcionarios de Régimen Penitenciario obstaculizan los pedidos de reos que quieren acogerse al indulto porque interpretan la norma de forma restrictiva.

Plan boliviano coincide con el de la UNODC

El delegado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Antonino de Leo, aseguró que el plan del Gobierno de Bolivia para la lucha contra el hacinamiento carcelario coincide con el de este organismo internacional, aprobado en septiembre.

De Leo explicó que la UNODC presentó en el ámbito mundial su estrategia 2015-2017 para abordar la crisis penitenciaria global, en la que se destaca como objetivos principales reducir el hacinamiento y el uso del encarcelamiento de personas; mejorar las condiciones de reclusión con base en los derechos humanos; y apoyar programas de reintegración social para las personas privadas de libertad, con la inclusión de iniciativas de asistencia pospenitenciaria.

El director general de Régimen Penitenciario, Jorge López, dio a conocer el plan borrador de implementación de medidas para reducir el hacinamiento carcelario. El plan estratégico incluye medidas de corto plazo que tienen como el indulto y amnistía. A mediano plazo se destaca la necesidad de trabajar con el Órgano Judicial para rebajar la cifra de detención preventiva. Por último, a largo plazo, se busca trabajar en una política criminal que sea coherente.

De Leo recomendó a las autoridades bolivianas que elaboren el Plan Estratégico Nacional Reforma Penitenciaria de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario 2016-2020 de manera participativa e integral.

Indicó que se debe involucrar en el trabajo interministerial e interinstitucional a legisladores y autoridades judiciales, entre otros operadores de justicia, además de personalidades académicas y organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas en la temática.