Justicia rechaza solicitud y define mantener en la cárcel a Nemesia Achacollo

Por segunda ocasión en este año, la Justicia negó a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo la solicitud de cesación a la detención preventiva que cumple por denuncias de irregularidades y corrupción en el disuelto Fondo Indígena.

La juez del Juzgado de Instrucción Penal 2º de La Paz rechazó la solicitud en la audiencia instalada en horas de la mañana y que concluyó aproximadamente a las 17.00. Achacollo se encuentra recluida en el penal de Mujeres de La Paz, en el barrio de Miraflores, desde agosto del año pasado.

"La señora jueza en estricto apego a la justicia y lo que se espera de la Justica ha determinado que la exministra Nemesia Achacollo permanezca en la cárcel de Miraflores", afirmóó el abogado Jhonny Zeballos, patrocinador del diputado Rafael Quispe en la querella interpuesta contra la exautoridad.

Zeballos indicó que la acusada no demostró actividad lícita para obtener su libertad, por el contrario -añadió- presentó la dedicación a actividades ligadas a la agricultura y ganadería sin acreditar ningún movimiento económico.

El fiscal del caso, Óscar Campero, explicó a la salida de la audiencia que la defensa de Achacollo no desvirtuó ningún riesgo procesal por lo que la juez falló contra la solicitud.

"Han apelado y el Tribunal de Alzada revisará el fallo, el Ministerio Público estará presente en la audiencia", aclaró.

El proceso se encuentra en la etapa preparatoria y existen aún actos procesales por investigar, indicó Zeballos, quien lamentó que la exministra no haya aportado información para la investigación.

Fue enviada a la cárcel de manera preventiva acusada de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso Fondo Indígena.

El jueves 19 de enero, el juez segundo de Instrucción en lo Penal, Enrique Morales, también le negó la solicitud de libertad. A la salida de la audiencia, la exministra dijó en enero que insistirá en su petición porque "está en su derecho".

El caso estalló el 14 de febrero de 2015, luego de que la Contraloría detectara 153 obras no ejecutadas que causaron un daño económico al Estado de Bs 71 millones.

Después, el Gobierno intervino esa repartición durante seis meses y detectó 30 obras "fantasma" valuadas en Bs 14 millones, cifra que puede llegar a Bs 102 millones porque aún falta inspeccionar otros trabajos. Hasta octubre de 2015, solo se detuvo a siete personas, entre ellos exdirectivos y dirigentes de mandos medios.