Caso de los 9 detenidos en Chile desvela complicidad de las fuerzas del orden en contrabando

Con el caso de los nueve bolivianos condenados en Chile se puso en evidencia el problema del contrabando entre ese país y Bolivia. En una inspección reciente, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados determinó que siete de cada diez productos que el contrabando ingresa al país pasan por Pisiga y alrededores (Oruro), y que existen al menos siete pasos fronterizos ilegales próximos a este puesto de control, una zona en la que acusan a uno de los ‘nueve’ de haber guiado al resto a su detención en marzo.

El presidente de la Comisión de Defensa, el diputado oficialista Franklin Flores, encabezó una delegación que en los últimos días realizó una inspección en la frontera Pisiga-Colchane. “El problema es muy serio, hay pobladores que por una migaja se comprometen con los contrabandistas que meten camiones y camiones, y para dejarlos cobran unos centavos como peaje. Esto debe ser un trabajo de lucha conjunta entre varios actores; además, se manejan con sus informantes llamados ‘loros’. Es una mafia organizada”.

Flores tiene dos datos oficiales. Primero: “El 70% del contrabando que ingresa a Bolivia pasa por Pisiga. Por eso, la iniciativa de hacer surcos en los pasos ilegales que propuso el Ministerio de Defensa es clave. Hay caminos, pasos, usan cuencas”.

Segundo: “En estos días, solo en este sector, hemos identificado hasta siete caminos clandestinos. Quien los controle tendría que ser alguien que los conozca bien”.

La comisión culpa a las autoridades chilenas por el descontrol. Por ejemplo, en la zona de Todos Santos se halló “una especie de cancha de fútbol donde llegan camiones chilenos, trabajan cómodamente, descargan lo que traen y lo pasan a los camiones bolivianos que esperan la hora adecuada para entrar y siguen su camino. No podemos hacer nada porque están en territorio chileno. No hay control de Gendarmería”.

Para el exdiputado y disidente del MAS Ever Moya, a esas verdades les faltan datos. Él señala a uno de los nueve, a Arsenio Choque Gonzáles, quién no es funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia y nunca ejerció ese trabajo. “Es más, los pobladores de la región aledaña a Pisiga y Sabaya nos hicieron llegar la denuncia de que este señor extorsionaba contrabandistas”, dijo Moya, eso sí, sin dar pruebas.

Pero, de hecho, en el juicio en Chile, la defensa boliviana no presentó a Choque como funcionario regular de la Aduana, sino como uno de los choferes contratados para realizar los operativos. Durante la requisa y detención que realizaron los Carabineros de Chile, él recibió golpes en la cabeza. Cuando EL DEBER visitó a los bolivianos en marzo, él afirmó que era chofer y describió que para bajarlo del auto, lo golpearon en la frente.

Cuando los nueve regresaban a territorio boliviano, ayer, un grupo de dirigentes de Sabaya se les acercó y reclamó por este hecho. Choque, que subía con su mamá al bus, los ignoró primero para luego gritar su inocencia: “Libres, con la conciencia limpia más que todo, no hemos hecho nada. No hay mejor país que Bolivia”. Luego se metió al bus.

El cónsul de Bolivia en Arica, Elmer Catarina, no quiso responder por las acusaciones contra Choque y se limitó a decir: “son funcionarios de carrera, ingresaron con exámenes, y me refiero a que los militares tienen grados de alto nivel. Cumplieron sus funciones de acuerdo a ley. El presidente dará la versión oficial”.

Anoche, en La Paz, Choque no quiso contestar por esa acusación. Su familia, sin embargo, dijo que sí es funcionario de la Aduana, que ingresó a trabajar en noviembre, aunque su ocupación habitual fue de comerciante. Y que no es contrabandista.

Para el Gobierno, los nueve condenados en realidad son ‘mártires’. Así lo manifestó el presidente Evo Morales. Y ayer, en su discurso de bienvenida en Palacio, dijo que no entendía cómo en Chile a quienes perseguían el contrabando los procesaron acusándolos de contrabandistas.

Luis Condori, un transportista que estaba en el pequeño grupo de gente que reclamó cerca del bus, manifestó: “Todos conocemos a Arsenio Choque, era guía de los chuteros. Me sorprende a qué se dedicaba, no es funcionario de la Aduana ¿Por qué estaba entre los nueve?, no entendemos”.

Moya acotó que la zona de Panavinto, donde fueron detenidos los nueve bolivianos, es territorio chileno, “y se lo puedo confirmar”. “Yo soy de la región, de Pisiga, conozco todo ese territorio como la palma de mi mano, desde el hito 28 hasta el 34, que es Santiago de la Cataña. Le detallo incluso que el puesto fronterizo está en el Cerrito Prieto, en el hito 31. El conflicto ocurrió más o menos entre los hitos 32 y 33”, asegura él.

“Panavinto está ahí, en una especie de tetón, en Chile, y fue este señor Choque que conocía por dónde iban a ingresar los camiones, y de esta forma les hizo meter la pata a los funcionarios”.

Este problema movilizó al Poder Legislativo. Flores inspeccionó los puestos adelantados militares para contrarrestar al contrabando: condiciones en las que se encuentran, grado de coordinación entre Aduana, Ejército y Policía. “Trabajaremos en el equipamiento, algunos comunarios no quieren ceder terrenos para la construcción del centro multipropósito que se debe construir en cuatro hectáreas".

El Gobierno se reunió desde el martes con los pobladores para convencerlos. “Este centro tendrá la función de la lucha contra los ilícitos. Se edifica uno en Pisiga, otro en Todos Santos, en Tambo Quemado. También se construirá uno en el sector donde nuestros compañeros fueron detenidos en marzo”.