El Estado erogó en los últimos años al menos 698,8 millones de bolivianos en la construcción de 2.262 viviendas sociales que nunca asignó y que permanecen deshabitadas, según documentos obtenidos por Brújula Digital de fuentes oficiales.
Esas casas y edificios de departamentos sufren problemas debido a la falta de mantenimiento, como filtraciones, muros desviados, problemas en los techos. En las obras realizadas en Chapare o Santa Cruz, la maleza cubre las construcciones, mientras en otros condominios los vecinos han robado puertas y ventanas.
De acuerdo con documentos obtenidos de la Oficina de Fideicomisos de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), que administra el Banco Unión, la incapacidad para asignar las viviendas a familias de escasos recursos se debe a varios factores, entre otros su precio relativamente elevado y a la falta de documentación saneada y fraccionada que dé seguridad a los futuros propietarios.
Las viviendas carecen de documentación individual porque los edificios y casas han sido construidos sobre terrenos que no tienen documentación saneada ni planos aprobados por los municipios, carecen de documentos de propiedad horizontal aprobados y en ocasiones incumplen con normas municipales de construcción. Las unidades no tienen documentos como folio real, anotaciones en derechos reales.
Los proyectos que tienen a sus casas y departamentos deshabitados son los de Altos de Cotocay Urbanización Salom (Cotoca); Papa Francisco y Condominio Patujú (Warnes); Condominio Pacha (Mecapaca, La Paz); Condominio Pirwa (Tolata); Villa deportiva La Tamborada (Cochabamba); urbanizaciones Bartolinas 1 y 2 (Sacaba, Chapare); Condominio Mabel Nates (Vinto); urbanización Santa Ana (Santa Cruz). En el Wiphala, en El Alto, se han asignado sólo 33 de 336 departamentos.